La denunciante, diputada Chiara Barchiesi, ha activado una fiscalización ante la posible vulneración de derechos de un menor con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en la Escuela Paso Histórico de El Tártaro, ubicada en la comuna de Putaendo, región de Valparaíso. Según se informa, los hechos se presentaron el pasado 2 de abril e implican la separación del niño del establecimiento, la suspensión de sus beneficios Junaeb —incluyendo la alimentación— y un manejo inadecuado de los protocolos correspondientes a situaciones de neurodivergencia.
En el oficio de fiscalización dirigido al Ministerio de Educación y a la Superintendencia de Educación, la diputada argumenta que, si bien la respuesta del establecimiento se remitió al marco del programa “Aula Segura”, se omitió la aplicación de la Ley de Autismo, la cual establece parámetros específicos para resguardar a los estudiantes con condiciones neurodiversas. La legisladora manifestó que resulta inaceptable privar a un niño de su derecho a la educación y a una alimentación adecuada, cuando lo que se requiere es un acompañamiento comprensivo y la implementación de protocolos pertinentes.
Barchiesi solicitó además que se realice una revisión exhaustiva tanto del accionar de la escuela como del sostenedor, la Municipalidad de Putaendo, y pidió que se evalúe de manera urgente el restablecimiento de los beneficios del menor, así como la imposición de sanciones a quienes resulten responsables por el incumplimiento de obligaciones legales y administrativas. Por otro lado, el concejal Sebastián Caldera se mostró en respaldo de esta acción, resaltando su preocupación ante el hecho de que una situación vinculada a una condición neurodiversa termine excluyendo a un estudiante del aula.
La concejala Susana Silva calificó este suceso como alarmante y, si bien reconoció la importancia de mantener la reserva del protocolo y la confidencialidad de las partes involucradas, insistió en la necesidad de revisar las capacitaciones del personal docente y directivo, el cumplimiento de los protocolos de protección y el apoyo integral a la comunidad educativa. Según señaló, este caso evidencia una deuda estructural en el sistema educativo hacia las familias con necesidades neurodiversas.
El caso ha conmocionado a la comunidad local y abre un debate sobre la implementación efectiva de las políticas inclusivas en los establecimientos rurales. Las autoridades esperan una respuesta rápida por parte del Ministerio de Educación y la Superintendencia que permita dilucidar responsabilidades, subsanar las omisiones y garantizar la protección efectiva de los derechos del menor afectado.
Autor: Jorge Rojas